Álvaro Uribe tiene una orden de detención domiciliaria

La decisión de darle casa por cárcel para Álvaro Uribe se da en el marco del proceso que le adelanta la Corte Suprema por una posible manipulación de testigos. Estas son las claves del expediente, en el cual el senador se ha declarado inocente desde el comienzo.

La Corte Suprema ordenó enviar a casa por cárcel al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. De los procesos que lleva la justicia en contra de uno de los políticos más influyentes del país, es el primero que llega tan lejos y tiene que ver con que presuntamente intentó presionar a exparamilitares para que hablaran a su favor en la Corte.

No es una decisión definitiva pues el alto tribunal deberá seguir investigando, para decidir si lo llama a juicio o precluye el proceso. El eventual juicio señalaría si es culpable o inocente.

No se conoce el texto de la decisión de la Sala de Instrucción, donde estarán los argumentos de la Corte para sostener que Álvaro Uribe debe enfrentar su proceso privado de la libertad.

Lo que se confirmó es que, fueron por lo menos tres reuniones de los magistrados de esa instancia en las que deliberaron sobre la situación jurídica del expresidente.

El proceso contra Álvaro Uribe tiene su origen en una denuncia que él interpuso en 2012 contra el senador del Polo, Iván Cepeda, quien en un debate en el Congreso presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las autodefensas.

Álvaro Uribe lo denunció en la Corte y seis años después, en febrero de 2018, el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles irregularidades en la defensa de Álvaro Uribe. A partir de ese momento, el alto tribunal detectó posibles presiones de Álvaro Uribe y su defensa contra los testigos que le habían hablado a Cepeda.

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Una de ellas, por ejemplo, se dio en medio de las visitas que hizo el abogado, Diego Cadena, al testigo estrella contra de Uribe, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En ellas, al parecer prometió prebendas para que cambiara su versión y hablara en su favor en la Corte. En total sigilo, el alto tribunal llevó las pesquisas y, casi cuatro meses después, anunció que abriría una investigación formal a Uribe, tras corroborar que, como reacción a la providencia judicial de febrero y, al parecer con su consentimiento, allegados suyos emprendieron actos de manipulación de testigos.

Investigación a Álvaro Uribe

Meses después de que la Corte anunciara su investigación a Álvaro Uribe, en septiembre de 2018, el alto tribunal aceptó que lo interceptó de manera “imprevista e inevitable”. En el marco de las pesquisas por el cartel de la toga, el alto tribunal buscaba interceptar al excongresista chocoano Nilton Córdoba, pero, explicaron los magistrados, apareció fue el número telefónico de Álvaro Uribe.

Esta ha sido la punta de lanza del expresidente para asegurar, una y otra vez, que las pruebas en su contra fueron obtenidas ilegalmente. Sin embargo, la Corte ha desvirtuado esa postura ya en varias ocasiones.

Lo que sigue para Álvaro Uribe

Uribe seguirá vinculado a la investigación, solo que privado de la libertad en su domicilio. La Corte Suprema deberá decidir, con base en las pruebas que ha recabado, si llama a juicio al expresidente. En ese caso, el juicio lo llevaría otra instancia del alto tribunal, la Sala de Primera Instancia, conformada por tres magistrados, que enjuician a todos los altos funcionarios con un fuero que los exime de ser investigados por la justicia ordinaria. El mismo fuero que tienen los magistrados, los embajadores, los ministros y, como es el caso de Álvaro Uribe, los congresistas.

Cortesía: www.elespectador.com

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