Coronavirus trae corrupción a Colombia
Uno de los problemas de corrupción unido a la pandemia del Coronavirus en Colombia es un contrato por $2.000 millones de pesos que fue firmado por el gobernador del Chocó, Ariel Palacios y la Fundación Chocó Saludable que prendió las alarmas de los organismos de control.
El contrato se hizo para realizar varias capacitaciones para hacerle frente a la pandemia del Coronavirus COVID-19, mientras la mayoría de los hospitales del departamento del Chocó piden desesperadamente apoyo y recursos para adquirir insumos de bioseguridad y garantizar la estabilidad laboral de todo el personal de la salud.
Gobernador del Chocó suspendido por contratos para la lucha del coronavirus
La Procuraduría General de la Nación suspendió este 24 de abril al gobernador del Chocó, Ariel Palacios de manera preventiva, por supuestas faltas disciplinarias cometidas a través de contratos suscritos en medio de la emergencia decretada por la pandemia del coronavirus COVID-19.
La Procuraduría decidió suspender al gobernador Ariel Palacios por tres meses, después de señalar que la Fundación no estaría capacitada para llevar a cabo el contrato, además que esas capacitaciones no son una prioridad para enfrentar la emergencia.
El Ministerio Público también le ordenó suspender el contrato 0198 de 2020 que firmó con la “Fundación Chocó Saludable”, que asciende a más de 2.000 millones de pesos que, según explicó el procurador Fernando Carrillo, no tiene la competencia.
El procurador Carrillo, el contralor Córdoba y el fiscal Barbosa en rueda de prensa conjunta también anunciaron las investigaciones contra los gobernadores de Arauca, donde se compraron kits alimentarios con altos sobrecostos, y Cesar, donde se adelantó una contratación exprés en pocos días.
El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, reveló que este tipo de acciones permitió detener la suscripción de contratos que suman unos 17 mil millones de pesos.
“Resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el Coronavirus COVID-19, los recursos del Estado colombiano no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas, y del personal de la salud que tendría que atender a los pacientes”, dijo consternado el representante del Ministerio Público.
En el caso del alcalde de Calarcá, en el Quindío, Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo José Garzón, se ordenó la suspensión temporal por presuntas irregularidades en un contrato por 396 millones de pesos. El representante legal de la empresa Inversiones Echeverry S.A.S. dice que desconoce su firma en la suscripción del contrato.
Otra política que debe responder será la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos en donde los contratistas terminaron emparentados.
En uno, se investiga un aparente sobrecosto por 200 millones de pesos para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio. En el segundo, se investiga si la firma Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de celebrar el contrato. El valor asciende a 125 millones de pesos y la representación está en cabeza de la esposa del anterior contratista.
Alcalde de Popayán ocultó que tenía coronavirus
Haber terminado contagiado de coronavirus COVID-19 se ha convertido en problema para el alcalde de Popayán. Aunque se recuperó, ahora enfrenta a la justicia y la Fiscalía le imputó cargos por el delito de falsedad ideológica en documento público después de que él omitiera información de su viaje a España y Marruecos en un protocolo de seguridad en la Casa de Nariño.
Juan Carlos López estuvo de viaje en Europa durante la última semana de febrero y regresó el primero de marzo a Colombia. El 14 de marzo estuvo en una reunión con el presidente Duque en Palacio junto a otros alcaldes del país. El alcalde de Popayán Juan Carlos López habría asegurado que no había estado fuera del país 14 días antes.
Por ese delito Juan Carlos López, quien estuvo en cuarentena durante 18 días, puede enfrentar una pena de 64 a 144 meses de prisión. Aunque la Fiscalía pedirá detención preventiva, la audiencia quedó aplazada. El alcalde de Popayán se declaró inocente.
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